29/05/2012, Victoria Lara, SR Gran Canaria
El gobierno del PP no ha dejado de atacar los derechos de los trabajadores, y en especial de los más desfavorecidos, desde su toma del poder: Reforma Laboral, aumento de impuestos sobre las nóminas, introducción de repago de medicamentos para los jubilados, etc. Por si no fuera poco, pretende también recortar nuestras libertades como con la propuesta para criminalizar las protestas pacíficas, o la posible vuelta de la prohibición y criminalización del aborto.
El Ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, oculta con sus declaraciones sobre el derecho de ser madre el hecho de que pretende recortar un derecho de las mujeres, el de la interrupción del embarazo, que junto con otros derechos reproductivos, costó a las mujeres una larga lucha de incluso varias generaciones.
Aunque aún no se han dado a conocer propuestas concretas, probablemente el gobierno recorte el derecho al aborto de las mujeres, restringiéndolo a algunos supuestos, como en anteriores legislaciones españolas.
Sin embargo, Ruiz-Gallardón no puede engañar a nadie con esta supuesta defensa de la maternidad. En primer lugar, al afirmar que el derecho por excelencia de las mujeres es de la maternidad muestra una actitud claramente reaccionaria, que pone a la mujer de vuelta al hogar, a los cuidados, a la crianza de los hijos, etc. Ésta es una estrategia común de la derecha en tiempos de crisis, para hacer aceptar a las mujeres mayor precariedad en el trabajo, y bajada de salarios, que también intenta que las mujeres asuman los recortes en servicios como la sanidad y la educación aumentando su carga en el hogar.
Además, este argumento de defensa de la maternidad es una actitud completamente hipócrita, ya que son precisamente las mujeres y las familias jóvenes las que están pagando más cara esta crisis que no han causado, con recortes como la eliminación de ayudas por nacimientos de hijos (el llamado cheque-bebé) y de los alquileres para los jóvenes. Además, se ha recortado de forma importante la Ley de Dependencia, mientras muchos cuidadores, en su mayoría mujeres, permanecen en lista de espera de unas ayudas en muchos casos ya reconocidas y sin posibilidad de acceder a un puesto de trabajo digno. La Reforma Laboral, un ataque brutal contra los derechos de todos los trabajadores, tendrá especialmente efecto sobre los sectores más débiles y precarizados, y también sobre los que asumen la crianza de los hijos o el cuidado de dependientes, ya que los empresarios van a poder imponer los cambios que quieran en turnos y jornadas, por no hablar de salarios y funciones. Esto se añade a una precariedad laboral que ya incluso antes de la crisis imposibilitaba a los jóvenes el poder independizarse, o que evitaba o retrasaba la decisión de ser madres de las mujeres, ya que un embarazado suponía (y supone) casi siempre el que no se renueven contratos temporales, o no poder conseguir un trabajo si ya se estaba en paro.
Aunque el gobierno, para atacar el derecho al aborto de las mujeres, no ha acudido al “derecho a la vida”, este argumento se ha demostrado también hipócrita por las últimas medidas de recortes que están poniendo vidas en peligro, como los recortes en casas de acogidas para las víctimas de violencia de género, y los recortes en sanidad, especialmente el hacer pagar a los pensionistas los medicamentos. Leyes más restrictivas en cuanto al aborto no lo eliminarían, sino que pondría en peligro la vida de las mujeres más pobres, que seguirían intentando abortar a través de autolesiones o de prácticas clandestinas, mientras que las mujeres que se lo puedan permitir, volverían a acudir a países como el Reino Unido para poder abortar con garantías.
Desde Socialismo Revolucionario defendemos el derecho de las mujeres de ser o no madres, y de tener el número de hijos que deseen y cuando lo deseen según su propia decisión, sin que existan restricciones en este derecho por motivos religiosos, económicos o sociales. Para ello es necesario el derecho al aborto gratuito y seguro, además de otras medidas para asegurar la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, como la educación e información sobre métodos anticonceptivos, y el acceso gratuito a estos métodos.
También es necesario, para garantizar verdaderamente el derecho a la maternidad de todas las mujeres, una decidida mejora y extensión de los servicios públicos como la educación y sanidad, en lugar de los salvajes recortes actuales. Estas mejoras podrían traducirse en medidas inmediatas como guarderías públicas y gratuitas, asistencia o ayuda adecuada para todas las personas dependientes, una decidida inversión en la educación pública, con los fondos ahora destinados a la educación concertada y ayudas a la privada, etc. Pero fundamentalmente, hay que acabar con un sistema económico que condena a millones de personas en el estado español a un horizonte de pobreza, desempleo y precariedad laboral, y que perpetúa las divisiones de la clase trabajadora (por nacionalidad, raza, sexo, etc.) para poder continuar su explotación.