La pretendida reforma de ley del aborto del PP
es un crimen contra la libertad, la salud y la vida de las mujeres.
31/12/2013, Victoria Lara, SR Gran Canaria
Las peores
previsiones de los grupos feministas y de los que defendemos los
derechos de las mujeres se han cumplido, y el pasado 20 de diciembre
el consejo de ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Gallardón
para reformar (más bien, para liquidar) el derecho al aborto de las
mujeres en el estado español. Se
trata de un ataque fundamental contra la libertad, la salud y la vida
de las mujeres que se esconde tras una pretendida defensa del derecho
a la vida.
Como ya indicamos en artículos anteriores (por ejemplo en
http://srev.blogspot.com.es/2013/09/no-la-reforma-de-la-ley-del-aborto.html)
las leyes restrictivas en cuanto a la interrupción voluntaria del
embarazo, no tienen una influencia significativa en el número de
abortos, y esto se debe a varias razones. Por ejemplo, al igual que
en épocas anteriores, todas las mujeres que quieran abortar y que
puedan permitírselo viajarán a países con normas menos
restrictivas (a casi todos los países de Europa, por ejemplo, que se
rigen por leyes de plazos). También el dinero puede facilitar el
acceso a los informes médicos requeridos para poder justificar el
riesgo para la salud. Y por otra parte también hay que contar con
las que decidan abortar aunque no puedan demostrar que se "ajustan"
a las razones de Gallardón, y que opten por abortar clandestinamente
o incluso, en situaciones desesperadas, a recurrir a remedios o
técnicas peligrosas para su vida.
Burocracia e intimidación
Como ya se conoce, el proyecto de ley
de Gallardón solamente despenaliza el aborto en los supuestos de
violación, dentro de las primeras doce semanas de embarazo, o de
grave peligro para la salud o la vida de la mujer, dentro de las
primeras veintidós semanas. Es decir, se impide sin más el acceso
al aborto en el estado español de forma segura a casi todas las
mujeres con un embarazo no deseado. Recordemos que actualmente, más
del 90% de las mujeres que abortan lo hace por su propia petición, y
porque efectivamente se trataba de un embarazo no deseado, que se
puede producir, simplemente, por fallos de métodos anticonceptivos.
Esta situación ahora arroja a la mujer
a un calvario burocrático en el que debe explicar a extraños,
diferentes de los que le atenderán en su interrupción del embarazo,
por qué desea abortar. En el caso de violación se debe presentar
denuncia previa, y en el caso de riesgo para la salud física o
psíquica se necesitan dos informes médicos diferentes. (Como dijo
en una ocasión Ruíz-Gallardón, este supuesto no iba a permitir que
se convirtiera en un "coladero", y no lo será para las
mujeres que no pueden contar con las influencias o recursos para
conseguir el informe).
El número de trabas se antoja
incalculable cuando se lee con detenimiento el proyecto de ley. En
primer lugar, los médicos se enfrentan a penas de prisión o de
inhabilitación por "imprudencias" que provoquen abortos,
al igual que por realizar el aborto en sí, y se deja claro en la ley
que ésta debe ser la última posibilidad que se dé a la mujer. Es
decir, dependiendo de cómo se apliquen estas penas los médicos
podrían temer hacer dictámenes en contra del aborto, incluso en
situaciones de riesgos, porque antes hay que tomar cualquier otra
medida médica posible, y además podría haber también temor a
realizar otros tratamientos ginecológicos por miedo a provocar un
aborto por "imprudencia".
El caso de las malformaciones del feto
es aún más sangrante, ya que se tendrían que sumar los dos
factores de una malformación que sea incompatible con la vida
(considerando ésta como la que no superaría previsiblemente el
periodo neonatal) y el informe que lo justifique, así como que la
madre indique que eso supone un alto riesgo psicológico para ella,
con el correspondiente informe psiquiátrico. Aún así, no se podrán
acoger a esta medida las mujeres con embarazos con malformaciones
graves, que se verían abocadas muy probablemente a ser la cuidadora
de niños (que quizá no pasen siquiera a la edad adulta) con grados
altos de dependencia. Y todo esto teniendo en cuenta el actual estado
del sistema sanitario, lleno de copagos, y de una Ley de Dependencia
en rápido proceso de desmantelamiento.
Otra humillación aún mayor sufrirían
las menores de edad, ya que el cambio de ley supone que en lugar de
informar a los padres, ahora deberá tener su consentimiento para
abortar. En el caso de que los padres o tutores no dieran su
consentimiento, o incluso de que fuera desaconsejable pedirlo
(suponemos que hablemos de cuestiones tan serias como de maltratos)
sería un juez el que decidiera sobre la cuestión. Y teniendo en
cuenta de que se persona el Ministerio Fiscal (dependiente del
gobierno) y de que la primera opinión que se tendrá en cuenta será
la de los padres o tutores, podemos imaginar que los resultados serán
en su mayoría en contra de la interrupción del embarazo. Recordemos
que en todo caso estamos hablando de supuestos muy restringidos
siempre: violación, y riesgo para la vida o salud de la mujer. ¿De
verdad es necesario que un tribunal tenga que dictaminar en lugar de
dejar la decisión en manos de menor, y teniendo en cuenta las
toneladas de informes previos requeridos?
La ley no se queda aquí en cuanto a
los obstáculos para abortar. Seguimos hablando de las mujeres
violadas o con importantes riesgos para la salud, de las denuncias o
informes previos, y aún así tendrá que enfrentar, tal y como lo
describe la ley, a toda una batería de argumentos para hacerla
cambiar de opinión y que desista de abortar. Estos van desde
argumentarle que la Constitución protege "la vida del no
nacido" y que a ella solamente se le permite abortar en
circunstancias excepcionales (!), hasta intentar convencerla de que
dé su hijo o hija en adopción una vez nazca, pasando por
facilitarle el acceso a todas las ayudas o subsidios sociales que
puedan corresponderle (no podemos esperar, sin embargo, que se
alarguen mucho en este punto por la situación actual de recortes).
Las asociaciones de mujeres ya han
alertado de que no queda claro en la ley quien va a dar esta
información. En principio la proporcionarían los servicios públicos
de salud, pero se teme que estos puedan privatizarse precisamente en
favor de organizaciones religiosas u otras contrarias al aborto, que
lleguen a ejercer una verdadera "tortura" contra la mujer
que quiera abortar (El País, 28/12/2013).
Ataque ideológico
Como puede verse
anteriormente, la propuesta de ley es todo un ataque ideológico a
las mujeres, que solamente se consideran válidas socialmente, como
no se ha cansado de repetir el ministro Ruiz-Gallardón, por su papel
de madres.
Además, existen
otros tipos de vejaciones o humillaciones: la repetición de
informes, el paso por un juicio para las menores cuyos padres tengan
una opinión contraria al aborto, el tener que pasar por un informe
psiquiátrico cuando el feto presenta una malformación incompatible
con la vida, etc.
Algunas voces
además han alertado de que probablemente muchas mujeres intentarán
alegar el daño psicológico para interrumpir el embarazo, lo que
supone que se considera que la persona que aborta no puede ser
"normal". Además, estos informes podrían pesar
negativamente en el futuro de las mujeres, por ejemplo, en letigios
por la custodia de sus hijos.
En los sectores
más conservadores e impulsores de esta ley, se culpa además a las
mujeres de abortar selectivamente para no tener hijos o hijas con
malformaciones compatibles con la vida. Este punto de la ley, siendo
el que afecta al menor número de mujeres (solamente alrededor de un
3% de las que abortan), es quizás el más grave. Normalmente en este
caso no estamos hablando, como en la mayoría, de embarazos no
deseados, y las decisiones que se tomaban en estos casos eran por
seguro las más difíciles. Sin embargo, la prensa conservadora ha
insistido en apuntar un dedo acusador a estas mujeres, y llamarlas
frívolas.
La ley no deja
absolutamente ningún resquicio a la idea de que las mujeres puedan
controlar sus propios cuerpos, incluyendo incluso penas contra el que
"indujere a la mujer a producir un aborto", lo que podría
constituir un ataque contra centros de planificación familiar u
otros donde se informe a las mujeres de los pasos a seguir para
abortar legalmente en España o a que centros acudir en el
extranjero, etc. También se prohíbe la publicidad sobre los centros
donde se practique la interrupción voluntaria del embarazo,
oscureciendo aún más esta cuestión.
Hipocresía y derecho a la vida
Los defensores de
la ley, y en especial el gobierno, han acudido repetidamente al
derecho a la vida y a la no discriminación de las personas con
minusvalías para justificarse. Estos argumentos, sin embargo, chocan
frontalmente con sus propias acciones de gobierno, y muestran su
hipocresía: la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, los
copagos sanitarios que incluyen a dependientes, enfermos crónicos, y
el caso conocido recientemente de las cuchillas instaladas en la
verja de Melilla que causan graves heridas a los inmigrantes que
intentan saltarla.
En cuanto al
argumento de la Constitución, el artículo 15 nos habla del derecho
a la vida, pero no especifícamente de la continuación del embarazo,
pero además aquí se añade el derecho a la integridad física y
moral, que se puede ver gravemente dañado por restricciones del
aborto como las que quiere imponer Gallardón.
También se acude
mucho a la Doctrina del Tribunal Constitucional de 1985. Aparte del
tiempo transcurrido, y que se trata de una interpreción que quizá
sería ahora diferente, ésta no es tan restrictiva como el
anteproyecto de ley de Gallardón, ya que reconocía el derecho al
aborto en situaciones de malformaciones graves (sin que la
malformación fuera incompatible con la vida).
¿Cuestión de género o cuestión
de clase?
El PSOE ha
intentado convertir la cuestión del aborto en una simple cuestión
de género, y ha pedido a las diputadas del PP que voten en contra de
la reforma de la ley. Sin embargo, estas peticiones no pueden más
que caer en saco roto. En primer lugar, porque ya hemos visto
anteriormente que se trata de un ataque ideológico, y éste está en
consononcia con la política general del PP, y sobre todo de sus
sectores más cercanos a la iglesia católica o más "ultra".
Otros ejemplos de esta ideología está en el refuerzo de la religión
católica como asignatura a partir de la Ley Wert, el recurso ante el
Tribunal Constitucional de los matrimonios homosexuales, etc. Por
otra parte, las mujeres del PP nunca se sentirán restringidas por
una ley que se podrán saltar las de su clase gracias a sus mayores
recursos económicos y conexiones. De las opiniones en contra de la
propuesta de Gallardón, la mayoría quiere volver a la ley de
supuestos de 1985 (es decir, incluir el supuesto de malformación
grave del feto, más allá de que éste no pueda sobrevivir), y
solamente la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se
ha mostrado a favor de una ley de plazos.
El PSOE también
ha prometido que si vuelven al poder, inmediatamente volverían a una
ley de plazos. Sin embargo, no podemos esperar simpletemente a que
lleguen las siguientes elecciones para derogar esta ley que por el
camino puede dejar mucho dolor e incluso muertes, y desde luego
tampoco lo podemos hacer confiando en el mal menor del partido
capitalista "menos malo".
Sin subestimar el
carácter progresista de la ley de plazos aprobada en 2010, con los
gobiernos tanto del PP como del PSOE las mujeres estábamos muy lejos
de conseguir una plena igualdad. La situación empeoró a partir de
la crisis.
Ya con el gobierno
de Zapatero se recortarón 15.000 millones de euros en servicios
públicos , y en recortes que redundaron de manera muy importante en
las mujeres a través de la supresión de los "cheque-bebé", los
recortes en la ley de dependencia que suponen una mayor carga de
cuidados para las mujeres, etc. Posteriormente se llegan a recortes
en sanidad y educación, por ejemplo en el año 2012, que llegan a
ser del 13% y del 21% respectivamente. Estos recortes afectan a las
mujeres en una doble vertiente: por una parte, sigue habiendo más
carga del trabajo doméstico cuando se recortan en estos servicios
básicos; y por la otra se han perdido muchos puestos de trabajo en
sectores con muchas mujeres trabajando como son cuidados sanitarios,
educación, limpienza, etc.
Las mujeres siguen
siendo las que acumulan el mayor porcentaje de trabajo a tiempo
parcial y siguen teniendo peores salarios a igual trabajo. Y aunque
las cifras de desempleo se están igualando debido a la crisis y a la
pérdida de puestos de trabajo en la construcción y la industria,
hay que tener en cuenta que hay un millón y medio menos de mujeres
activas que hombres, la mayoría de ellas porque se dedican a tareas
de cuidados en el hogar.
La situación de
las mujeres de menor entrada en el mundo laboral, menores salarios,
mayores porcentajes en general de paro, y mayor porcentaje de trabajo
a tiempo parcial, significa que las mujeres, por términos generales,
llegan a la jubilación con menores pensiones.
La crisis muestra
como las peores condiciones de algunos trabajadores (inmigrantes,
mujeres, etc), las utiliza el capitalismo para empujar a la baja las
condiciones de todas los trabajadores. Las reformas laborales, por
ejemplo, ha servido para destruir el trabajo más típicamente
masculino, también tradicionalmente más seguro, como en la
construcción y la industria, imponiendo condiciones más precarias y
menores salarios al conjunto de los trabajadores.
Tenemos que luchar
contra este gobierno corrupto e hipócrita del PP, pero para
conseguir un gobierno de los trabajadores y trabajadoras que gobierne
para nuestras necesidades y no para los de una minoría, y que rompa
con el sistema de explotación capitalista.
Desde Socialismo
Revolucionario demandamos:
- Aborto libre, gratuito, público y seguro. Acceso gratuito a los anticonceptivos a través del sistema público de salud. Las mujeres debemos ser completamente libres para decidir sobre nuestra maternidad, tanto si seremos madres, como el número de hijos y cuándo tenerlos.
- Una lucha sostenida contra las pretensiones del PP de acabar con el derecho al aborto. En esta deben involucrarse los sindicatos, ya que no se trata solamente de una cuestión de género sino también de clase. Esta lucha debe incluir una Huelga General contra los continuos recortes y ataques a los derechos democráticos y laborales y para derrocar al PP.
- Fin de todos los recortes en Educación, Sanidad, Ley de Dependencia, Prestaciones de Desempleo, guarderías, etc. Se necesita una gran inversión en estos servicios para garantizar todas las necesidades de la sociedad, incluyendo la conciliación de la vida familiar y laboral y un verdadero apoyo a las familias, y la creación de puestos de trabajo estables.
- Nacionalización de la banca y de sectores estratégicos de la economía como la energía y el transporte. Con estos recursos se pueden realizar las inversiones del punto anterior, además de acabar con problemas como el de la pobreza energética, los desahucios y los problemas de acceso a la vivienda.