07/06/2013, Socialismo Revolucionario Gran Canaria
El gobierno en general, y el ministro de justicia en particular, llevan ya casi un año y medio realizando declaraciones preocupantes sobre su pretensión de modificar la actual ley de interrupción del embarazado. Sin embargo, se sigue sin conocer el contenido concreto de esta modificación, que parece estar ahora en manos de los intereses electoralistas y luchas internas del PP, además de la gran influencia que sobre el gobierno tiene la iglesia católica, como ha demostrado recientemente el Proyecto de la LOMCE.
Todo apunta, sin embargo, a que la nueva ley será mucho más restrictiva que la actual, volviendo a leyes de supuestos de hace casi 30 años. En concreto, muchas voces dentro del PP, y el propio Ruíz-Gallardón, han declarado que la ley que pretenden aprobar se basa en la "la doctrina del Tribunal Constitucional" sobre la ley de supuestos de 1985. Esta sentencia, al igual que la ley aprobada poco después, considera la despenalización del aborto sólo en supuestos extremos como el grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, la malformación del feto o una violación.
Todo apunta, sin embargo, a que la nueva ley será mucho más restrictiva que la actual, volviendo a leyes de supuestos de hace casi 30 años. En concreto, muchas voces dentro del PP, y el propio Ruíz-Gallardón, han declarado que la ley que pretenden aprobar se basa en la "la doctrina del Tribunal Constitucional" sobre la ley de supuestos de 1985. Esta sentencia, al igual que la ley aprobada poco después, considera la despenalización del aborto sólo en supuestos extremos como el grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, la malformación del feto o una violación.
La sentencia de 1985 también indicaba, además de la gran restricción de los supuestos, que éstos se tenían que probar previamente, aumentando el control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. En línea con lo anterior, Gallardón declaró en un foro del diario La Razón, en abril de 2013, que el riesgo para la salud de la mujer no puede ser un "pretexto" sino que tiene que constatarse claramente, dando a entender que anteriormente se había utilizado como algún tipo de coladero. Además, Gallardón ponía al mismo nivel los derechos de las mujeres con las del no nato, abriendo la puerta a que las mujeres sufran de graves problemas de salud, incluso con desenlaces fatales... Y así es al parecer como defiende el señor ministro el derecho a la vida. En todo caso, las "constantaciones" que Gallardón quiere incluir podrían suponer retrasos peligrosos (por temor de los médicos de no cumplir la ley, trámites administrativos, etc.) en situaciones que requieren decisiones exclusivamente médicas y encaminados a salvaguardar la salud y la vida de la mujer.
Gallardón fue aún más lejos, hasta extremos que sectores del propio PP no aprueban, cuando se escudó en resoluciones de la ONU sobre igualdad de derechos de discapacitados para poner en cuestión el supuesto de malformación del feto. Sin embargo, el propio ministro de justicia y el gobierno en general muestran claramente lo poco que le importan los derechos de los discapacitados y los dependientes ya nacidos, gravemente afectados por los recortes en sanidad y en la ley de dependencia. Estos recortes están dando lugar a situaciones dramáticas para muchos dependientes y su familias porque no pueden acceder a los medicamentos u otros equipamientos sanitarios necesarios, no cuentan con la asistencia para una vida digna o sobreviven con pensiones de miseria.
En cuanto a la ley actual, que entró en vigor en 2010, hay que tener en cuenta que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen leyes de plazos similares. Y que estas leyes de plazos, al contrario de los que nos quieren hacer creer los "pro-vida", no aumentan espectacularmente el número de abortos. Desde 2010 a 2011, que son los últimos datos oficiales que registra el Ministerio de Sanidad, habría un incremento solamente de 113.000 a 118.000, que incluso podría deberse a que menos mujeres durante este periodo hayan abortado irregularmente o en el extranjero. Estas situaciones aumentan claramente con leyes restrictivas: la mujer que puede permitírselo abortará en el extranjero (quizá sin ningún apoyo o compañía dependiendo de su situación económica o personal) y; lo que es realmente grave, la que no pueda pagárselo acudirá a medios clandestinos con graves riesgos a su vida.
Los datos demuestran que en países como Nicaragua, donde el aborto está completamente prohibido, se ha producido un aumento de muertes de mujeres embarazadas, tanto por abortos ilegales, como incluso por el temor de los médicos de ser juzgados por tratar otro tipo de emergencias ginecológicas. Bien conocido es también el caso de la salvadoreña Beatriz, a la que se le denegó el aborto a pesar de que su vida corría serio peligro y de que su feto tenía una malformación incompatible con la vida. Su vida valía menos que la de este feto para las autoridades de El Salvador, incluido el Tribunal Constitucional, a pesar de tener un hijo de 14 meses del que ha estado separada durante todo su periplo hospitalario, y que podría haber perdido a su madre por esta prohibición. Solamente con la presión internacional se consiguió que Beatriz pudiera tener un parto inducido (se encontraba ya entonces en una gestación bastante avanzada) para salvaguardar su salud.
Además, otros estudios realizados en EEUU indican que las mujeres que solicitaron interrumpir su embarazo y se les denegó sufren mayores porcentajes de pobreza, desempleo y empleo precario, y mayores posibilidades de tener que recurrir a los servicios sociales para sobrevivir. También, en un mayor porcentaje, permanecen con sus parejas, incluso si son víctima de violencia machista. Y si bien las mujeres que abortaron no sufren mayores porcentajes de depresión, las mujeres a las que se les denegó sufrieron mayores niveles de ansiedad durante el año siguiente.
Ideológicamente limitar el derecho al aborto significa el control sobre la sexualidad y sobre el cuerpo de las mujeres, como hemos visto antes hasta el extremo de poner en peligro su vida. Además, los embarazos no deseados pero que se llevan a término pueden llevar a situaciones de discrimación, de estigmatización en zonas conservadoras e incluso a situaciones de violencia machista. La ideología también está detrás de las palabras de Gallardón el año pasado en las que aseguraba que "La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres" (El Mundo, 28/03/2012). Este pensamiento pone a todas las madres, sea el embarazo deseado o no, en situaciones de desigualdad con respecto al hombre, ya que considera el valor de las mujeres solamente desde el punto de vista reproductivo, y justifica que caiga la carga de trabajo doméstico sobre la mujer, al igual que el cuidado de niños y dependientes.
Por último, el mayor trabajo doméstico y de cuidados se refleja en la desigualdad también económica de las mujeres: una mujer embarazada muy probablemente perderá su empleo, o intentará acceder a uno de tiempo parcial, normalmente más precarizado y con peores sueldos, que a la larga suponen también peores pensiones o prácticamente de susbsistencia. A su vez, estas peores condiciones empujan las condiciones a la baja de los empleos de los hombres. Todo esto juega a favor de la clase capitalista para seguir aumentando sus beneficios, como siguen haciendo las grandes empresas en la actual situación económica.
Socialismo Revolucionario defiende el derecho universal de las mujeres a interrupir el embarazo, si así lo deciden, de forma segura, gratuita y a través del servicio público de salud, eliminando los conciertos con empresas privadas (al igual que otros conciertos y privatizaciones que existen ahora como servicios de ambulancia, laboratorios, etc).
Pero además, debemos reclamar el derecho de tener el número de hijos que deseen, si deciden ser madres, y cuando lo deseen, derecho que está ahora claramente coartado por razones económicas y laborales. Para esto es necesario políticas completamente contrarias a los recortes en sanidad y educación, que solamente sirven para aumentar la pobreza y cargar con más trabajo no remunerado a las familias en general, y a las mujeres en particular. En su lugar se deben fortalecer los servicios públicos, incluyendo medios anticonceptivos, reproducción asistida, atención a los dependientes, guarderías públicas y gratuitas, y una renta universal y pensiones dignas para todos que garenticen la independencia económica de las mujeres.
Fuera de la lógica capitalista, tomando en manos públicas y organizando democráticamente los recursos, se podrá acabar con la discriminación y con la explotación tanto de hombres como de mujeres, y garantizar estos derechos.