24/11/2020, Viki Lara, Socialismo Revolucionario (ASI en el Estado español)
Pronto cerraremos el año 2020, un año que ha sido nefasto por la pandemia que ha causado ya decenas de miles de muertos en el estado español y millones de contagios, y un crecimiento espectacular del paro, la pobreza extrema y la desigualdad que, como ya hemos analizado, no son solamente consecuencia de la pandemia, sino de un sistema económico que estaba preparando una nueva crisis global ya antes del coronavirus, y la debilidad y precariedad laboral del capitalismo en el estado español.
Pero además, ahora que nos estamos acercando al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, no podemos dejar de recordar lo que ha supuesto la pandemia y el confinamiento para las mujeres.
No cabe duda de que las mujeres trabajadoras son las que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. En primer lugar, porque las mujeres han estado mayoritariamente en la primera línea frente al coronavirus. Son la mayoría del personal sanitario (tanto médicas como enfermeras), personal de cuidado a personas mayores ya sea en residencias o en el servicio de ayuda a domicilio, o en educación. Todos estos sectores han protestado por la falta de suficientes EPIs y medidas de seguridad para realizar su trabajo durante la pandemia, además de llevar ya años o décadas protestando por la precariedad de sus condiciones laborales, recortes en los servicios, y la privatización o intentos de privatizar estos servicios.
La situación del sistema público de salud con el servicio de urgencias colapsado, las UCIs completas y el gran número de contagios en el personal sanitario por la falta de EPIs adecuados no ha sido solamente una situación límite durante la primavera de este año, sino que se está repitiendo de nuevo desde el otoño, dejando al descubierto las carencias de un sistema afectado por enormes recortes desde la crisis económica del 2008. Por su parte las residencias de ancianos, muchas de ellas privatizadas y con muy jugosos beneficios, muestran su verdadera cara como un servicio que debería ser esencial y digno, pero que se presta en condiciones de gran precariedad para sus trabajadoras y muchas veces condiciones de cuidado y sanitarias indignas para sus usuarios.
Además, las mujeres también son mayoría en otros trabajos como en establecimientos de alimentación, que por su centralidad no han podido parar durante la primavera. Y también, en otros sectores como la hostelería que además de haber sufrido mucho económicamente durante la pandemia tienen condiciones de trabajo tan precarias que han arrojado a miles de trabajadores al paro sin la protección ni siquiera de una prestación por desempleo o ERTE. Por lo tanto, la pandemia ha hecho aumentar el paro tanto para trabajadores como para trabajadoras, según cifras oficiales hasta un 16,8% en septiembre de 2020. Pero ha crecido sobre todo en las mujeres, haciendo que su tasa de paro llegue 18,7%, y aumento la brecha sobre el paro masculino hasta más de 4 puntos.
Confinamiento y aumento de la violencia
Pero especialmente preocupante ha sido el caso de las mujeres en situaciones de maltrato, y a las que el confinamiento ha supuesto que han pasado durante semanas prácticamente las 24 horas del día con sus maltratadores, con todo lo que esto supone de mayor control sobre las víctimas y menos posibilidades de buscar ayuda o denunciar su situación. Aún así, las llamadas al 016 aumentaron durante el estado de alarma un 40%, mientras que las consultas a través de diferentes medios digitales (precisamente para dar más facilidad a las mujeres en caso de que no pudieran llamar) hasta un 400%.
Los actuales cierres totales o parciales de algunos sectores y en algunas comunidades autónomas o zonas especialmente golpeadas por el coronavirus, pueden de nuevo reproducir estas situaciones de peligro para víctimas de maltrato, como también puede ocurrir en el caso de maltrato infantil, o a jóvenes LGTB+. Pero además, la situación económica con un gran aumento de paro pero en muchos casos sin prestación, o retrasos de prestaciones como desempleo, ERTEs o IMV pueden llevar a un aumento significativo de la violencia de género a corto y medio plazo, ya que esto en muchos casos supondrá aumentar la dependencia económica de las mujeres de sus parejas (recordemos que la violencia económica es otro tipo de violencia de género, junto con la física, psicológica y sexual), y esto a su vez puede suponer que las mujeres decidan permanecer en relaciones abusivas – al igual que en relaciones insatisfactorias.
Y esto partiendo de unos niveles de violencia insoportables. Recordemos las 1074 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 (año en que se empiezan a recoger las cifras oficialmente) hasta el momento de escribir estas líneas. Y que según la última macroencuesta de violencia de género, un 1% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia física de sus parejas o sus exparejas en el último año (lo que suponen más de 190.000 mujeres solamente en un año). Este porcentaje llegó hasta el 11% cuando se le pregunta a las mujeres por toda su vida y no solamente en el último año, llegándose a más de 2.200.000 mujeres. En el caso de la violencia psicológica, un 27% ha sufrido violencia psicológica de control (intentar que la mujer no vea a familiares o amigos, enfadarse si habla con otra persona, controlar los movimientos) por parte de una pareja o expareja a lo largo de su vida, y más del 23% violencia psicológica emocional (insultos, humillaciones, amenazas, etc).
En cuanto a la violencia sexual, un 13,7% de mujeres mayores de 16 años han sufrido alguna vez en su vida lo que la macroencuesta engloba como violencia sexual, que son actos tan graves como violaciones o intentos de violación o tocamientos en zonas íntimas; y un 40,4%, acoso sexual.
Además, las estadísticas nos dicen que son las mujeres más vulnerables – las mujeres pobres, inmigrantes, con discapacidad, etc – las que más sufren violencia.
La resistencia de las mujeres
En los últimos años hemos visto enormes levantamientos de las mujeres contra la discriminación que sufrimos en todos los ámbitos, y de manera muy destacada contra toda esta violencia que sufrimos. En el estado español, por ejemplo, hemos visto las manifestaciones y acciones que se han organizado de manera urgente en muchos casos contra las decisiones judiciales en el llamado caso de ‘la manada’, además de un aumento importante de las personas manifestándose los días 25 de noviembre, y de forma espectacular los 8 de marzo de los años 2018, 2019 y 2020, con millones de personas protestando en las calles, y también con millones de personas en las huelgas feministas de 2018 y 2019.
Y este es otro punto muy importante de este auge en la lucha feminista, que esta lucha está siendo más que nunca una lucha de las mujeres trabajadoras, alejándose del feminismo liberal que solamente lucha por una feminización de las élites económicas y políticas. En cambio, lo que estamos viendo es que se están tomando las armas de lucha de la clase trabajadora, como la huelga, al igual que mucho de los eslóganes y las demandas que se están tomando son también de la clase trabajadora y se alejan del feminismo liberal. Esto ocurrió por ejemplo cuando el movimiento feminista rechazó, como una demanda suya la iniciativa de Ciudadanos de legalizar los vientres de alquiler, ya que vio correctamente que esto es una manera de mercantilizar los cuerpos de las mujeres más pobres. También muchas de las demandas ya planteadas para la huelga de 2018 reflejaban este carácter de movimiento de mujeres trabajadoras, como servicios públicos y de protección social garantizados, el reconocimiento de los trabajos de cuidados y el rol que el estado debe tomar en estos trabajos y reconocer los derechos laborales de las mujeres que los realizan, el fin de la discriminación laboral o una sociedad donde los recursos se distribuyan “en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista”.
Además de estas luchas, estamos viendo como sectores feminizados y por lo tanto muy precarizados como el del servicio de ayuda a domicilio, el trabajo doméstico, y también en la sanidad y la educación han realizado protestas y huelgas en defensa de servicios públicos de calidad – o en su caso que estos servicios vuelvan a manos públicas– con mayores contrataciones de personal para garantizar un servicio digno, las suficientes medidas de protección y EPIs, y salarios y condiciones dignas de empleo.
Y también a nivel internacional hemos visto este año importantes movilizaciones de las mujeres en Polonia contra la propuesta del gobierno de restringir aún más el aborto, en India contra la violación y asesinato de una chica dalit, o una huelga feminista en Israel el 23 de agosto contra la brutal violación de una chica de 16 años.
La lucha contra la violencia es la lucha contra el capitalismo
Esta lucha que apunta al capitalismo como origen de la violencia y de la discriminación es el camino a seguir para conseguir un verdadero fin de la violencia de género.
El capitalismo aprovecha las divisiones creadas artificialmente en la sociedad para dividir a la clase trabajadora y crear grupos que estarán especialmente desprotegidos y discriminados. Es lo que ocurre con las mujeres, a las que se pone en un plano inferior en la sociedad para que nos hagamos cargo de los trabajos de cuidados no renumerados, con el ahorro que ello supone al propio sistema, y a su vez esta asunción supone que como trabajadoras tenemos un trabajo secundario al de nuestra pareja por el que se nos sigue pagando peores salarios y seguimos teniendo peores condiciones de trabajo – y por lo tanto también pensiones, prestaciones de desempleo, etc. Además, este papel inferior al que se nos relega justifica el que se nos trate como objetos sexuales, y por lo tanto la violencia sexual, y las otras violencias de las que hemos hablado como la psicológica, emocional o incluso la física. Como hemos comentado, la propia dependencia económica de la mujer a otro hombre, también favorece la violencia, ya que hace más difícil que la mujer pueda escapar de relaciones abusivas.
Por lo tanto, desde Socialismo Revolucionario demandamos:
- Lucha de la clase trabajadora contra la violencia machista y contra todo tipo de discriminación que sufren las mujeres, junto con todos los grupos oprimidos de la sociedad como los inmigrantes y la comunidad LGTB+. Sindicatos combativos que combatan tanto la explotación laboral y la precariedad como la violencia de género, el acoso y la discriminación en el trabajo.
- Unos servicios públicos de calidad, libre de copagos y de privatizaciones, que incluyan recursos suficientes para ofrecer protección a las víctimas de violencia de género, y todo tipo de ayudas necesarias como sanitarias, psicológicas, garantía de vivienda o refugio y empleo, etc. Además, unos servicios públicos de calidad en todos los demás ámbitos (salud, educación, dependencia, servicios sociales, etc) contribuirán a que recaiga menos trabajo no renumerado y por lo tanto una mayor dependencia económica sobre las mujeres, y deben garantizar también que estos servicios se realizan a través de puestos de trabajo seguros y bien renumerados, acabando con la precariedad en estos sectores.
- Educación afectivo-sexual en todos los niveles educativos que eduque en la igualdad de género, el consentimiento y los derechos de las personas LGTB+. Formación en igualdad de género y contra la violencia de género en todos los servicios públicos y en especial en aquellos trabajadores de los que más dependen las víctimas: policía, sistema judicial, salud y educación.
- Separación inmediata de los elementos machistas, racistas, homófobos, etc de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Control democrático de la clase trabajadora de los servicios públicos, para evitar los casos de discriminación en estos servicios, y la criminalización de las víctimas.
- Política de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna frente a los beneficios de bancos y fondos de inversión. Nacionalización de sus viviendas vacías para alquileres sociales, control de alquileres, y fin de los desahucios.
- Derecho de prestación a todos los parados, subidas del salario mínimo y fin de los contratos precarios para garantizar que las subidas de salarios mínimos son efectivas.