“Estamos todos en el mismo barco” es el último cliché repetido hasta la saciedad por la clase capitalista a través de los medios de comunicación en relación a la crisis del coronavirus. Pero es completamente falso. No cabe duda de que somos los trabajadores y trabajadoras los más castigados por la crisis sanitaria y económica que ha traído la pandemia del coronavirus a nivel mundial.
En primer lugar, por unos servicios sanitarios públicos colapsados, sobre todo en las primeras semanas de la crisis, falta de medios tanto para enfermos como para sanitarios, con un gran número de muertes evitables, incluyendo la de sanitarios, que se están contagiando en masa. Hay que añadir las horribles condiciones sufridas en las residencias de ancianos, también tanto para usuarios como para trabajadores. Y además están las pérdidas de puestos de trabajo y de salarios por ERTEs o por falta de actividad de autónomos, los casos en los que se ha obligado a los trabajadores a seguir trabajando sin las suficientes medidas de seguridad, etc. La falta de ingresos por las prestaciones de los ERTEs que no llegan o la falta completa de ingresos ha provocado la multiplicación de las familias trabajadoras que hacen cola por una bolsa de comida en numerosos barrios.
En el caso de la mujer trabajadora, al igual que en otras crisis, estamos viendo cómo están siendo especialmente golpeadas por la crisis. La situación de práctico encierro que sufrimos durante 7 semanas en todo el estado, con muy limitadas razones para salir como realizar la compra, trabajo que no se puede realizar telemáticamente, etc. ha dado lugar a numerosos problemas de convivencia, situaciones asfixiantes, dificultades para parejas que estaban en trámites de separarse, pero sin haber tenido tiempo de buscar otra vivienda, etc. Pero, sobre todo, se están produciendo situaciones realmente graves como en el caso de jóvenes LGTBI sufriendo homofobia dentro de su propio hogar, menores víctimas de maltrato y mujeres víctimas de violencia de género.
Violencia de género
Dos mujeres han sido asesinadas por sus entonces parejas en el estado español desde que comenzó el confinamiento, pero esta es solamente la punta del iceberg, ya que el maltrato no es solamente la violencia física, sino que también lo es la violencia psicológica (amenazas, humillaciones, insultos, restricción de contacto con familiares y amigos), la violencia sexual y la violencia instrumental que incluye el control de las comunicaciones y el control económico.
Sin duda el confinamiento las 24 horas al día con tu maltratador hace que todas estas violencias aumenten, pero que además sea más difícil precisamente denunciar o intentar huir de esta situación. Aunque las diferentes administraciones han puesto más mecanismos para las mujeres víctimas de violencia de género para buscar ayuda (ver, por ejemplo, este enlace https://www.uso.es/recursos-victimas-violencia-de-genero-estado-de-alarma/) y de que todos los servicios para proteger a estas mujeres son esenciales y no han parado durante el estado de alarma, ha bajado el número de denuncias con respecto a la media, y se originará un nuevo repunte cuando estas mujeres tengan más posibilidades de poder denunciar.
Las dificultades económicas son además otro factor que retiene a las mujeres a la hora de terminar relaciones con maltratadores o para poder salir de estas situaciones. Como hemos analizado varias veces, el patriarcado sigue considerando que el lugar de las mujeres es el hogar, los cuidados, y que el principal salario que entra en la casa es el del hombre. Por lo tanto, las mujeres sufren de mayor precariedad, peores salarios, contratos de media jornada, etc. Con la crisis económica espoleada por la crisis del coronavirus, con el aumento espectacular del desempleo, que muy probablemente afectará especialmente a las mujeres por sus contratos más precarios, será aún más difícil romper estas dependencias económicas.
El movimiento feminista debe estar atento, por lo tanto, durante todo el siguiente periodo, a que no haya ningún recorte en la lucha contra la violencia de género con la excusa del estado de alarma o de la crisis económica que vendrá posteriormente. Más bien al contrario, sabemos que son necesarios más medios, y también de forma muy importante, se tienen que dar los cambios necesarios para que los sistemas policial y judicial responda realmente a las necesidades de las víctimas, incluyendo mayor formación sobre la violencia de género, la retirada del servicio o de la judicatura de aquellos elementos que por sus acciones no contribuyen a la protección de las víctimas, o que por el contrario pone a mujeres y a menores en peligro. El control democrático de la sociedad de estos sistemas es también esencial para evitar que se puedan dar abusos o prevaricaciones en esta u otras cuestiones.
Además, para asegurarnos de que no hay dependencias económicas que evitan romper relaciones no satisfactorias o incluso con maltrato, hace falta muchos cambios de tipo económico y social. La garantía de guarderías gratuitas para todos los niños y niñas, y la extensión de servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia, hace que las vidas de las mujeres, incluyendo su vida laboral, no se vea coartada por la obligación de realizar cuidados a niños, ancianos o dependientes.
Pero si el puesto de trabajo al que accedemos tampoco nos garantiza una vida digna, esto valdrá de poco. Tenemos que detener la precariedad laboral, en primer lugar garantizando que las grandes empresas no puedan seguir con su práctica habitual de contratar a través de ETTs o subsidarias para disminuir derechos laborales, garantizar también que no se dan figuras de precariedad máxima como falsos autónomos y también subir el salario mínimo para que sea digno y prestaciones también dignas para todos los parados o que no puedan trabajar.
Mujeres en primera línea contra el coronavirus
Las mujeres trabajadoras además están en la lucha en primera línea contra el coronavirus. En el hogar, por el papel tradicional que se nos asigna como cuidadoras, somos las que estadísticamente dedicamos más horas al cuidado de ancianos, dependientes y niños. Con los niños ahora sin clases, este trabajo se multiplica. También, por la situación de las residencias de ancianos, muchas familias han decidido que sus familiares hasta entonces residentes vuelvan a casa al menos hasta el final del estado de alarma (donde se ha dado esta posibilidad). Muchos servicios que solamente, o prioritariamente, se realizan en persona, como fisioterapia o necesidades educativas especiale,s entre otras, no se están prestando o se han restringido mucho, lo que significa una mayor carga de cuidados y empeoramientos de enfermedades o de la situación de dependencia.
Igualmente, los servicios sanitarios han estado volcados durante semanas en luchar contra el coronavirus, por lo que muchas consultas médicas e incluso intervenciones quirúrgicas consideradas no graves se han retrasado, con una carga adicional de cuidados, por lo tanto, dentro de la familia. También la prioridad de luchar contra el coronavirus ha retrasado los tratamientos de fertilidad de miles de mujeres, que van a ver mermadas sus posibilidades de ser madres, algo sobre lo que siempre juega en contra el tiempo.
Pero no solamente las mujeres realizan la mayoría de cuidados dentro del hogar, sino que también lo hacen en sus puestos de trabajo. Son, por ejemplo, la grandísima mayoría en sectores como las residencias de ancianos, el servicio de ayuda a domicilio o los centros de día. Todos estos son sectores, a pesar de su importancia, están altamente privatizados. Por ejemplo, en las residencias de ancianos las trabajadoras ganan poco más del salario mínimo mientras a pesar de que trabajan para grandes empresas, incluyendo multinacionales y filiales de aseguradoras y grupos financieros, que facturan miles de millones de euros todos los años en las residencias del estado español (4.200 millones hace tres años), incluyendo importantes contratos de plazas concertadas con las Comunidades Autónomas.
Las condiciones de precariedad son tales que muchas trabajadoras necesitan varios contratos a tiempo parcial en diferentes residencias para sobrevivir, y su situación, por supuesto, se ha agravado muchísimo a partir de la crisis del coronavirus, al no contar en sus trabajos con las mínimas medidas de seguridad para evitar los contagios de ellas mismas y de los ancianos con los que trabajan. El dramático resultado de estas condiciones indignas para trabajadoras y usuarios es conocido, más de 17.000 ancianos, según las últimas cifras, han muerto en residencias por COVID-19, solos, sin atención sanitaria adecuada, muchos de ellos sin contar en las cifras oficiales de fallecidos ya que no se les hizo un test para confirmar el diagnóstico. La situación fue tal que el ejército, realizando tareas de desinfección, encontró a ancianos fallecidos en residencias con los que convivían otros ancianos, además de otros residentes en pésimas condiciones de salubridad. Solamente en la Comunidad de Madrid, han muerto más de 10.000 residentes, de un total de 44.000, lo que supone que han muerto casi el 24% de los residentes, atendiendo, por ejemplo, a las cifras de este artículo: https://www.rtve.es/noticias/20200508/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml.
La precariedad y la falta de medios de protección (EPIs) también se da de forma importante en el sector del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que trabaja con dependientes que también tienen reconocido públicamente este servicio pero que se presta de forma privatizada. Las trabajadoras de este servicio ya llevaban tiempo movilizándose a través de plataformas para pedir entre otras cosas la remunicipalización de los servicios, mejoras en sus condiciones de trabajo, incluyendo el reconocimiento de enfermedades profesionales, y los suficientes medios para realizar su labor de manera digna para trabajadoras y usuarios. Y han seguido movilizándose durante la crisis del coronavirus, por la realización solamente de los servicios esenciales durante los peores momentos de la crisis, y para que se les facilitara todas las medidas de seguridad necesarias para ellas y los dependientes con los que trabajan. Se dan, por ejemplo, situaciones absurdas como que no sea obligatorio el uso de mascarilla en la prestación de sus servicios en Andalucía.
En primerísima línea contra la pandemia, está el sector sanitario, también con una mayoría de mujeres, 131 médicas por cada 100 médicos y en el total del sector 250 trabajadoras sanitarias por cada 100 trabajadores hombres. El sector sanitario también se encuentra muy desprotegido, con falta continua de los medios necesarios. Esto ha originado que más de 50.000 trabajadores sanitarios se hayan contagiado de coronavirus, el 22% del total de los infectados oficialmente. Además, en el estado español hay ratios muy bajas de camas médicas (solamente 3 por cada 1000 habitantes frente a las 6 de Francia o las 8 de Alemania), médicos (3,88 por cada 1000 habitantes, 5,18 en Austria), y enfermeras (5,74 por cada 1000 habitantes en el estado español, más de 12 en Alemania e Irlanda, más de 10 en Francia y Bélgica).
Los datos muestran claramente que necesitamos más inversión en el sistema público de salud, no solamente para estar preparados para futuras pandemias o repuntes del coronavirus, sino para mejorar de forma importante un sistema de salud que ha sufrido importantes recortes desde el estallido de la crisis económica de 2008. Y poner en manos públicas el sistema sanitario privado, para ponerlo al servicio de las necesidades de toda la población y no para los beneficios de estas empresas privadas. Igualmente otros servicios esenciales como las residencias de ancianos y el SAD necesitan ponerse en manos públicas para garantizar las buenas condiciones de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores y la dignidad y calidad de estos servicios esenciales.